Entrevista a Alberto Acota
"A este Correa lo
desconozco"
Alberto Acosta, ex presidente
de la Asamblea Constituyente de Ecuador y economista ecuatoriano, fue uno de
los redactores del programa de gobierno del partido de Rafael Correa, Alianza
País, y ministro de Energía y Minas en 2007. Como presidente de la Asamblea
Constituyente, Alberto Acosta coordinó las tareas del proceso "más
participativo de la historia" del país. Desavenencias con el presidente
Correa lo llevaron a alejarse y a denunciar desde fuera la deriva extractivista
y poco participativa de la 'Revolución Ciudadana'.
- ¿Qué papel tuvieron los movimientos sociales en
la llegada de esta nueva oleada de gobiernos 'progresistas' en América Latina?
- Sin esas movilizaciones sociales, particularmente
de los pueblos y nacionalidades indígenas, en Ecuador y Bolivia, y sin la
respuesta de amplios sectores de la población afectados por las estructuras
oligárquicas, y más aún por la propuesta neoliberal, estos gobiernos serían
impensables. Son el resultado directo de la acumulación histórica de las luchas
populares, ninguno de estos gobiernos puede ser pensado al margen de estos
procesos en mayor o menos medida. En el caso concreto del Ecuador, el
presidente actual no habría llegado al Gobierno sin ese proceso histórico
acumulado. Lamentablemente él no entiende esa realidad y a momentos asume que
es un relámpago a cielo despejado, cuando las nubes ya estaban cargadas por las
luchas populares.
- ¿Qué avances se han dado con estos gobiernos?
- Tengo muchos planteamientos que no comparto, y a
ratos veo que hay un enorme proceso de reversión de las cosas que se hacían,
pero no se pueden negar los avances. En el caso de Ecuador, la no firma del
Tratado de Libre Comercio (TLC) fue un paso muy importante, aunque ahora en
Ecuador se esté discutiendo un TLC con la Unión Europea. Se avanzó muy
seriamente en la recuperación de soberanía y dignidad internacional con una
política seria y no se renovó la permanencia de la base norteamericana de
Manta, algo que es tremendamente positivo. Pero hay dudas en otros ámbitos
donde el Gobierno no logra dar una respuesta categórica, aún a nivel
internacional.
En los países de órbita más bolivariana (Venezuela,
Bolivia y Ecuador), donde se ha hablado de Socialismo del Siglo XXI, yo
creo que hay que ser mucho más cuidadosos y rigurosos en el análisis. En primer
lugar no hay Socialismo del Siglo XXI por ningún lado. Yo lo que distingo es el
extractivismo del Siglo XXI. Se supera ese Estado neoliberal, que entra en
crisis, se vuelve a recuperar el Estado en cuanto factor de desarrollo y se
comienza a introducir algunos cambios importantes en estos países, con un
marcado régimen de acumulación extractivista, dependientes del petróleo y de
los minerales. En Ecuador, petróleo. En Bolivia, gas y minerales. Sin embargo,
esos países han conseguido una mayor presencia del Estado en la determinación
del uso de los recursos minerales y petroleros. Ya no es la época neoliberal
donde ese uso venía determinado por las empresas multinacionales. Ahora hay una
mayor participación del Estado en la renta minera y petrolera, hay además una
mejor distribución de esa renta. Pero no se está afectando la modalidad de
acumulación extractivista primario exportadora, no hay un cambio en la
estructura productiva, no hay un cambio en la estructura de comercio
internacional, ni de importaciones ni de exportaciones.
En el caso ecuatoriano el asunto es dramático. El
petróleo se acaba y la opción del Gobierno es abrir la puerta a la minería
metálica a gran escala a cielo abierto. En todos estos países, el ADN
extractivista de la sociedad y de sus gobernantes les impide ser coherentes
entre la idea, el discurso y la práctica. Incluso en el discurso ya hay enormes
aberraciones, como cuando el presidente Correa dice que si le queda un sólo
cóndor vivo ["para dar de comer al pueblo"] él apostaría en hacer el
cóndor en fricasé, lo que es una barbaridad, porque lo que hay que construir es
un país en el que no se llegue a la desaparición de ningún cóndor, de ninguna
especie, de ningún régimen ecológico.
- ¿Qué demandas sociales se han visto satisfechas
con el Gobierno de Correa?
- En Ecuador, el hecho de democratizar la renta
minera y petrolera se transforma también en una mayor inversión social,
educación, salud, vivienda, inversión social. En las administraciones
anteriores, en los gobiernos neoliberales, se priorizaba el pago de la deuda
externa. En este periodo, se prioriza la inversión social. Antes la inversión
social no llegaba a un 4% del PIB; en este gobierno llega a un 8%. En relación
con las empresas multinacionales, en los años anteriores se pretendía que
asumieran una gran cantidad de tareas y se marginó la participación del Estado.
Ahora el Estado interviene activamente. Es cierto también que este Gobierno ha
tenido los mayores ingresos petroleros de los últimos tiempos. Eso se debe
sobre todo a los altos precios internacionales. Es un gobierno con muchos
recursos, pero el mérito es haber destinado este dinero a la inversión social.
Ahora, el problema grave es que esta inversión no se ha reflejado en una mejora
sustantiva de las condiciones sociales de amplios segmentos de la población.
Aquí hay un tema preocupante: el mismo Gobierno reconoce que los pobres están
"menos peor", según un documento oficial que utiliza ese concepto, pero
los ricos mucho mejor. La inequidad ha aumentado. El segmento más rico de la
población ha incrementado su participación en la renta en cuatro puntos.
- Después de un tiempo en que los gobiernos en
Ecuador no conseguían terminar sus mandatos por las revueltas populares, ¿se ha
producido una 'reinstitucionalización'?
- Este Gobierno ha permitido la recomposición de
algunas fuerzas oligárquicas tradicionales y la configuración de nuevos grupos
empresariales. No hay un cuestionamiento que dé paso a un cambio de estructuras.
Es verdad, los pobres están "menos peor", eso se refleja también en
un respaldo popular al presidente Correa. Pero las cuestiones de inequidad no
están siendo resueltas. El Gobierno enfrenta duramente al poder financiero en
el discurso, trata de ponerle límites, pero no logra ponerle el cascabel al
gato. La banca ha obtenido mayores niveles de rentabilidad que con las
administraciones anteriores. Y eso a pesar de que no tiene el mismo nivel de
influencia. No hay redistribución de la tierra. En una entrevista al presidente
que le hace Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, Correa
reconoce que el índice de Gini en la tenencia de la tierra supera el 0.9, una
barbaridad, y él mismo reconoce que ha tenido un Ministerio de Agricultura que
trabaja exclusivamente para los grandes grupos agroexportadores, y ahora acaba
de nombrar un nuevo ministro de Agricultura vinculado a esos grupos. Hay un
discurso a favor del mundo campesino, de la soberanía alimentaria, de repensar
la organización de la sociedad, la economía social y solidaria, pero no se
avanza en la práctica. Y luego hay un problema con el agua: tienes una
disposición constitucional, el artículo 12, donde dice que el agua es un
derecho humano fundamental, mientras que en el artículo 318 se dice que el agua
no puede ser privatizada de ninguna manera... pero el Gobierno no quiere dar
paso a la desprivatización del agua.
- ¿Por qué hay tanta diferencia entre los derechos
constitucionales conseguidos en 2008 y la aplicación y desarrollo de leyes?
- Una explicación es que todavía no entendemos qué
significa una Constitución. El propio presidente de la República no asume con
seriedad lo que es una Constitución. Rafael Correa alentó con mucho entusiasmo
la Constitución del año 2008 y luego fue uno de los promotores para su
aprobación en el referéndum. Y luego en la práctica, no son tres años de que
entre en vigencia y propone cambios que entran en contradicción con principios
fundamentales como la independencia de la justicia, como la consolidación del
quinto poder o poder ciudadano, que es algo novedoso y fundamental, que tiene
que ver con la participación ciudadana. Después se pone en marcha la ley de
Minería sin ninguna discusión democrática, con un enorme déficit de
participación. Creo que es la primera gran ruptura de la Constitución. La ley
de Soberanía Alimentaria y muchos de los cuerpos legales aprobados están
abiertamente en contra de la Constitución o no están cumpliendo con los
mandatos constitucionales. No se habla, no se practica, no se da paso a lo que
es el Estado plurinacional.
- ¿Hubo voluntad política para que el proyecto del
Yasuní saliera adelante?
- Las dudas del presidente Correa se explican, por
un lado, porque él no acaba de entender lo que son los derechos de la
naturaleza. Por otro lado porque él está atrapado por la necesidad coyuntural
de recursos económicos para dar respuesta a las demandas al Estado. El
presidente Correa también es víctima del ADN extractivista. Él ha repetido
varias veces que no va a permitir que dejemos los recursos naturales en el
subsuelo, porque sería como que un pobre esté sentado sobre un saco de oro. Es
la misma lógica tradicional.
- Es un discurso parecido al del perro del
hortelano del ex presidente peruano Alan García...
- Es el perro del hortelano de Alán García. La
figura del pobre sentado encima de un saco de oro es de Alexander von Humboldt,
de hace 200 años. Hemos creído que sólo con la elección de un presidente las
cosas iban a cambiar o que con la aprobación de una nueva Constitución la
sociedad ya iba a ser diferente, y no es cierto. Y ahí viene el problema mayor,
no es sólo el presidente el que no cumple la Constitución, no es su Gobierno el
que no la acepta, es una sociedad que todavía no ha comprendido que la
Constitución es una caja de herramientas para construir democráticamente una
sociedad democrática. Ahí están nuestros derechos, obligaciones, instituciones,
procedimientos, estructuras para construir un país diferente. Pero es una tarea
de la sociedad. Esta Constitución, sin lugar a dudas, es la Constitución que
recoge la mayor cantidad de propuestas, de demandas y aspiraciones de los
pueblos indígenas, la mayor cantidad de aspiraciones de las luchas
emancipatorias de los pueblos en el Ecuador. Eso es indudable. Pero
particularmente del movimiento indígena. Y todavía el movimiento indígena no
acaba por apropiarse de la Constitución para hacer una oposición al Gobierno
desde ella, lo que le da una mayor legitimidad.
- ¿Cuál es la relación de los movimientos sociales
con el Gobierno de Correa?
- El gobierno del presidente Correa ha intentado
debilitar y dividir al movimiento indígena. Luego, cuando no consigue
cooptarlo, intenta crear un grupo propio, quiere tener su propio grupo de
maestros organizados, su propio grupo de médicos organizados, su propio grupo
de indígenas organizados, quiere tener su propia organización social... La
Secretaría de los Pueblos no entendió que debía ser un punto de enlace con los
movimientos sociales para procesar sus demandas y generar las condiciones para
debatir la construcción de un escenario de expectativas compartidas. El
objetivo de la Secretaría no era contribuir para que los movimientos formasen
parte del Gobierno.
El problema del presidente Correa es que no acabó
de entender la propuesta de la Revolución Ciudadana en toda su magnitud. Él se
quedó sólo con la parte liberal de la ciudadanía, del individuo, de que hay que
luchar en contra de los gremios, en contra de la visión más estructurada
alrededor de intereses gremiales y de intereses de poder. En ese punto confunde
un gremio, o sea, una asociación de banqueros, con una organización indígena o
campesina. El corporativismo es lo que se quiere combatir, y estoy de acuerdo,
pero una organización sindical o indígena no es una estructura corporativista,
es una cosa diferente. Uno de los puntos más débiles del presidente Correa es
que es un Gobierno que presume de Revolución Ciudadana y lo que es notorio es
el déficit de participación ciudadana. El déficit de ciudadanía en la
Revolución Ciudadana es inocultable.
- ¿El poder ha cambiado a Correa?
- Yo creo que sí, desconozco al Correa de los
últimos dos años. Yo conocía a Correa, éramos amigos desde el año 91. A este
Correa le desconozco.