Las finanzas y las clases populares
por Verónica Gago
La idea de la
inclusión ha llegado a las finanzas. El Banco Provincia y el Banco Nación la
incorporaron como parte de sus eslóganes: mayor bancarización es mayor inclusión
social. Esta es una de las maneras en que las finanzas se traman con los
sectores populares que quedaban tradicionalmente relegados del mundo
financiero. Pero aún antes, los préstamos, las tarjetas de crédito y la
masificación del consumo fueron las vías a través de las cuales el sistema
financiero penetró las economías populares. La reactivación alteró el paisaje.
Caminando por varios barrios del conurbano la ebullición de ferias y locales
comerciales es indisimulable. En varios municipios, se constata lo mismo: que
las colas en las sedes de Tarjeta Naranja
o Efectivo sí son el triple de largas
que en los bancos. Pero no son excluyentes. Muchos beneficiarios de planes
sociales son también los que toman préstamos en estas instituciones financieras
no bancarias.
Desde mucho antes
que los bancos públicos desembarcaran en el sector de las microfinanzas, toda
una red de iniciativas comerciales de diverso tipo (bancarias y no bancarias
privadas) viabiliza múltiples operaciones financieras en territorios donde la
economía es dinámica pero no siempre tiene CUIT –aunque tributariamente no deja de ser una aportante
desventajosa–, se maneja mayoritariamente en negro, paga tasas de interés
altísimas y tiene un nivel enorme de cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es
el vínculo entre las finanzas, la inclusión social y las economías populares?
¿Qué rol juega el Estado? ¿Se financia sólo el consumo?
El mapeo de las ofertas
Un primer ejercicio.
Si alguien en el conurbano bonaerense sale a la búsqueda de crédito, ¿con qué
se encuentra? ¿Cuál es el mapa de oferentes de dinero? Hay al menos cuatro
niveles. El primero que aparece, el más fácil y cercano, es el prestamista
privado o un conglomerado de privados que en una escribanía o en una casa
ofrece efectivo a sola firma. Se llega por conocidos, un dato que circula de
boca en boca. Una segunda instancia es el llamado “proveedor”. Por ejemplo, el
que financia entre el mayorista Diarco y el kiosco de barrio. Financia en
dinero (aunque puede hacerlo también en mercadería) a los pequeños comerciantes
y/o ambulantes que no pueden comprar la cantidad que se exige en el proveedor mayorista
directo. Estos proveedores resuelven para el sector minorista informal, además,
el hecho de no tener CUIT –o no tenerlo en regla– ni tener capacidad de
inversión ni stock. Este papel también lo cumplen los llamados “teleros” que
son los que venden telas para los talleres textiles pequeños, uno de los rubros
más dinámicos entre los tomadores de crédito.
Estas dos instancias
–prestamistas privados y proveedores- son las más usuales y más veloces. Funcionan
en negro. Son préstamos que se consiguen con fotocopia de DNI o de tarjeta. Sus
tasas de cumplimiento son altísimas. Pero aun más sus intereses (lo cual deja a
los prestamistas más que cubiertos frente a la porción mínima de
incumplimientos). No dejan de crecer y alimentan un flujo enorme de
microemprendimientos (desde las ferias a los llamados bolishoppings), pero también nutren préstamos rápidos para consumo
o situaciones excepcionales –que varían de una urgencia quirúrgica a una fiesta
de quince. Los intereses se cobran por mes. Eso hace que el prestatario o
usuario no los sienta como exorbitantes sino que al fragmentarlos como cuota, se
refuerza la idea de que se los puede afrontar y se diluye –al menos en la
percepción cotidiana- la inmensa especulación financiera que los impulsa. La
lógica de la cuota disimula así la tasa de interés calculada anualmente.
Después, en un tercer
escalón, están los préstamos tipo “Efectivo, Sí”, “Financiera Cordial” –que en
estos casos puntuales comparten los directorios con los bancos a los que
pertenecen: Galicia y Supervielle). Hay otras que pertenecen a grandes
compañías financieras (Credilogros, por ejemplo). Y otras que son tarjetas
específicas, también de bancos o supermercados (Tarjeta Naranja, Tarjeta
Shopping, Tarjeta Carrefour), etc. Estos instrumentos financieros tienen un
costo mayor al 120% según información oficial.
Finalmente, encontramos
organizaciones como Fie-Gran Poder, incorporadas a la Red Argentina de
Instituciones de Microcrédito (RADIM), que se especializan en créditos
productivos, no cobran gastos de administración e involucran un tipo de
“educación financiera” que privilegia a un microempresariado popular con ansias
de formalización. Víctor Ruilova, su director, explica que en la red hay dieciséis
organizaciones que tienen una cartera de 60 mil personas en todo el país. “Es
aun poco y muy sectorizado geográficamente, por eso también siguen
multiplicándose otras formas de endeudamiento”, explica. Florencia Montes de
Oca, directora ejecutiva de la RADIM, dice que el monto promedio de los
créditos es de ocho mil pesos “que es un monto que en dólares, para ponerlo en
comparación con la región, nos hace estar muy por debajo del promedio y a un
costo todavía mucho mayor”.
¿Para qué se usa el dinero?
Los sectores
productivos más dinámicos en términos de demanda de crédito –según informantes de
los distintos niveles aludidos– son dos: el sector textil y el sector
fruti-hortícola. No es casual que son los dos sectores con un fuerte
protagonismo productivo de migrantes bolivianos y con inscripción territorial
privilegiada en el conurbano bonaerense. El sector textil, además, produce cada
vez más para exportar a países limítrofes, por medio de redes comerciales
informales (y en articulaciones cada vez más intensas con China). Luego, se
destaca el sector fruti-hortícola, que se está desplazando de la zona
originaria de su desarrollo en Escobar –donde ha crecido la especulación
inmobiliaria por la presión a favor de los countries del gobierno local–, hacia
la zona sur, cercana a La Plata. Allí la inversión de quinteros que producen
fruta y verdura para toda la ciudad de Buenos Aires está a la vista. El tercer
sector demandante de créditos es el sector comercial, que se dedica a la venta
de todo tipo: en verdulerías y en locales de ropa en gran medida, pero también
otros rubros de alimentos y servicios.
El ingreso del Banco
Provincia y Banco Ciudad en el sector de las microfinanzas hace más difícil el
crecimiento de organizaciones sociales de microcrédito en términos de
normativas, según analizan distintos involucrados en el campo. Este ingreso de
los bancos formaliza un cambio de paradigma que se define como “préstamos sin
garantías” para captar un sector social que antes quedaba excluido del radar
bancario. Para Montes de Oca, sin embargo, “los bancos no reemplazan a las
organizaciones sociales de microcrédito porque no llegan a los territorios de
la misma forma, aún si amplían sus carteras, sabemos que mucha población no va
a acercarse a un banco, por su naturaleza, por su metodología, etc.”. Para
Ruilova, hay además una competencia que favorece a los bancos: “Con plata del
Estado, que le cuesta cero al banco, compiten con nosotros, con dinero que
fondeamos con costos bajos que van entre el 16% y 27% para llegar a los
microemprendedores”. La diferencia de tasas entre los bancos y las
organizaciones de RADIM es de veinte puntos aproximadamente.
Sin embargo, la
llamada “inclusión financiera” que ahora publicitan los bancos públicos tampoco
elimina a los participantes más desregulados. Más bien las opciones se suman.
Como dice alguien en una cola de Efectivo
ya: “vamos a todas las ventanillas a la vez, no hay que descartar ninguna, el
problema es que una sirve para pagar a la otra y así parece que no tiene fin”.
En el mapeo de las
instituciones financieras no bancarias sobresalen también los negocios
comerciales que financian a sus propios clientes. Los rubros que ganan la
pulseada por lejos son los locales de ropa deportiva, los celulares y los
electrodomésticos, dentro de los cuales la venta de motos tiene una gran
porción de la cartera. Aún si hay un interés objetivo de estos comercios con
que no se los identifique como sector financiero, juegan un papel fundamental.
Hay que tener en
cuenta que en Argentina la población bancarizada en los pronósticos más
optimistas llega sólo al 30%, cifra que incluye los planes sociales (el Banco
Nación da la cifra de un 17% del PBI).
La inclusión diferencial
Los sectores
populares se incluyen en las finanzas pero pagando tasas de interés que los inscriben
en una relación de endeudamiento esencialmente como desventajosa, especialmente
en los créditos dedicados al consumo. La PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos), en un informe de fines de 2013, ya había
detectado la relación estrecha entre la generalización de instrumentos
financieros por los cuales el sistema
financiero penetró la economía de los sectores populares y la manera en que sus
elevados costos reproducían y ampliaban las desigualdades sociales. El mapeo realizado
localiza los mayores niveles de endeudamiento en los barrios más pobres y sobre
todo en las villas. Esto llevó a que la PROCELAC junto al programa ATAJO (Agencias
Territoriales de Acceso a la Justicia)
elaborara recientemente unos
folletos para trabajar con sectores populares con el fin de explicar cómo salir
de la base de datos privada VERAZ e incluso para denunciarla porque si han
pasado cinco años se tiene derecho a la que la deuda, aún si existente, no siga
apareciendo registrada.
Según fuentes diversas, se calcula
que el endeudamiento promedio entre clases medias y clases bajas es similar en
términos porcentuales (entre 25 y 30% de los ingresos). Sólo que, nuevamente,
la diferencia se hace evidente en las tasas de interés que se pagan por estar endeudado
en cada clase social. La tasa de interés puede ser entendida como la medida de
la “explotación financiera” a la que cada clase queda sometida.
La explotación financiera por el endeudamiento
masivo sobre sectores a los que se consideraba tradicionalmente “excluidos”
produce varias novedades. Por un lado, que muchas veces se deben conseguir
actividades “extra” para pagar esas deudas, lo cual habilita una proliferación
de economías ilegales, truchas y/o informales para solventar las obligaciones y
una consecuente y progresiva violencia territorial ligada al modo en que las
finanzas “aterrizan” en los barrios. Por otro lado, que una buena porción de la
transferencia de dinero del Estado por medio de subsidios y planes sociales es
absorbida por instituciones financieras bancarias y no bancarias, volviendo al
Estado garantía del un paradigma de préstamos “sin garantía”.
Varios líderes territoriales dicen
que se trata de educar financieramente a estos sectores, en una moral más
ligada a la producción y a la responsabilidad microemprendedora. Pero esa
pedagogía posible está más vinculada al uso productivo del endeudamiento que a
su desarrollo impulsado directamente por el consumo que es, sin dudas, uno de
sus motores insoslayables. Una muestra de ese diferencial de tasa es el plan
del gobierno Ahora 12 que permite
fragmentar el consumo a tasa cero y que es ampliamente usufructuado por clases
medias y medias-altas (su masividad en los shoppings de barrios caros en
notable) pero también alcanza a las clases medias bajas.
Las finanzas como campo de batalla
Distintos enfoques teóricos hablan
de una “financierización de los derechos sociales”, que significa que el acceso
a derechos se realiza a través de la mediación de instrumentos financieros.
Este escenario tiene una doble faz: a la vez que permite mostrar su dimensión
inclusiva también revela que el modo de operativizarla es al interior de la
hegemonía de las finanzas. Las finanzas se vuelven así un lugar donde se
trasladan diferentes disputas. Por un lado, en términos de reconocimiento de
los sectores socialmente productivos. En este sentido, que las economías
populares en América Latina se vuelvan parte de la contabilidad y la
institucionalidad nacional (e, incluso, que en algunos países sean incorporadas
constitucionalmente, como pasa en Bolivia, Ecuador y Venezuela) es parte de un
reconocimiento de hecho a su dinamismo social y a su capacidad de innovación de
formas de producción, comercio y consumo y no sólo en tanto meras economías de
subsistencia. Por otro, que la explotación financiera recaiga sobre ellas como modo
de replicar y agudizar las desigualdades sociales convierte a ese espacio en un
nudo de problemas al que la palabra inclusión no resuelve mágicamente.
La irrigación de dinero en los
barrios proviene así de múltiples fuentes. Es indisociable de la reactivación
económica de los últimos años. Pero también abre nuevas preguntas sobre cómo se
regula este mercado financiero y, a la vez, cómo la regulación reordena los
oferentes de dinero (que permiten en algunos casos blanquear dinero de muy
diverso tipo). A su vez, la cuestión política clave es cómo impacta la adquisición cada vez más
amplia de deuda en los sectores populares. La extensión de nuevas economías que
tienen escenarios predilectos en la llamada informalidad no pueden analizarse de
manera desconectada respecto de las instituciones y la llamada economía formal.
Por el contrario: es la mixtura y el ensamblaje de muchos de sus componentes lo
que exhibe a las finanzas como un nuevo código
común. Un código capaz de traducir la heterogeneidad del mundo del trabajo
(de changas a microemprendimientos, de trabajos formales por temporadas a
actividades free-lance, de empleos formales que duran poco a informales que
pueden estabilizarse) a relaciones más homogéneas entre acreedores y deudores.
Aun así, como se siente en
cualquier estación de trenes del conurbano o en la proliferación de negocios
que crecen por las calles que lo rodean, las finanzas desembarcaron en nuevos
territorios y parece que llegaron para quedarse.