Bolivia, el impronunciable ocaso del patriarca // Raúl Zibechi
“Aquí la gente no tiene miedo”, sonríe el taxista mientras se
abre paso, demasiado con lentitud exasperante, por las imposibles calles de El
Alto, rumbo al centro de La Paz. “No tienen miedo”, repite encogiendo los
hombros. Casi un mantra con el que parece explicarlo todo, desde el caos del
tránsito hasta la increíble fuerza interior de las mujeres –omnipresentes en la
ciudad aymara- trabajando como hormigas, cargando bultos, haciéndose cargo de
la vida.
La
ciudad luce cambiada, sobre todo por el asfalto impecable de sus calles y los
edificios de cuatro y cinco piso, los cholets, estilo arquitectónico mestizo
nacido en El Alto de la mano de una pujante burguesía comercial aymara. Nadie
parece alarmarse por el confuso episodio de la ocupación y quema del municipio
alteño por padres de familia que se saldó con seis muertos, en el mismo momento
en que el taxista repetía su mantra.
La
alcaldesa Soledad Chapetón, que venció en las elecciones municipales con el 55
por ciento de los votos en un bastión oficialista, acusa a ex ediles del MAS
por el asalto e incendio de la alcaldía. El gobierno, por su parte, asegura que
se trató de un “autoatentado” de la alcaldía alineada con la oposición. Los
hechos de El Alto cobran especial relevancia en la recta final de la campaña
electoral para el referendo del domingo 21, en el que los bolivianos deben
decidir si se reforma la Constitución para permitir una segunda reelección de
Evo Morales.
La
avenida principal de La Paz, en el centro de la hoyada, medio kilómetro debajo
de El Alto, lleva varios días cortada por manifestantes. Hileras de cholas con
sus polleras y sombreros, sentadas serenamente cortan las calles, mientras los
varones disparan cohetes. La mayoría pertenecen a asociaciones de jubilados,
pero detrás de ellos llegan los mineros, los petroleros y diversos sectores que
aprovechan la coyuntura electoral para arrancar una demanda adicional al
gobierno.
“Reclamamos
por el segundo aguinaldo”, explica una mujer cuando se le pregunta el motivo de
la protesta. La semana previa al referendo es testigo de la multiplicación de
manifestaciones populares, una confluencia espontánea de los más diversos
sectores que creen que es el momento oportuno para exigir.
RESULTADOS
INCIERTOS. “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la
Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la
vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por
dos veces de manera continua?”. Esta es la pregunta que deberán responder seis
millones de bolivianos este domingo.
La
iniciativa partió de la presidencia y muchos creen ver la mano del
vicepresidente Álvaro García Linera, cerebro gris detrás del primer mandatario.
Morales llegó a la presidencia en 2006 con el 54 por ciento de los votos. Fue
reelegido en 2010 con un abrumador 64 por ciento y en 2015 con 61 por ciento
obtuvo un tercer mandato que concluirá en 2020. Ahora pugna por presentarse
nuevamente, lo que podría llevarlo a ejercer el poder hasta 2025, o sea 20 años
consecutivos.
La
pregunta que se hacen muchos bolivianos, es porqué se promueve un referendo con
tanta anticipación ya que las elecciones nacionales se realizarán dentro de
cuatro años. Lo cierto es que el referendo partió al país en dos mitades. Con
el Si están alineados el MAS y los movimientos sociales que apoyan al gobierno,
entre ellos la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), la más importante organización social del país. Pero también algunas
figuras locales de relieve, como los ex futbolistas Marco Etcheverry y Erwin
Sánchez.
El No a
la reelección es mucho más heterogéneo. Entre sus filas destacan el expresidente
Carlos Mesa, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ambos de la derecha,
pero también el gobernador de La Paz, Félix Patzi y la exministra de Defensa
Cecilia Chacón, que pueden ser considerados de izquierda.
Las
encuestas son una lotería. Las difundidas en febrero, apuntan a un empate en
torno al 40 por ciento para cada opción, correspondiendo la definición a los
indecisos. En el cierre de la campaña oficialista, el miércoles 17, miles de
personas aclamaron a Morales en la avenida Costanera de la zona Sur de la
capital.
“Nos
hemos liberado e impulsamos desde los movimientos sociales un instrumento
político de liberación y en diez años hemos cambiado la imagen de Bolivia”,
aseguró Morales quien destacó que su proclamación para una nueva elección general
fue producto del “pedido de los movimientos sociales y del pueblo organizado”.
A la
misma hora estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) protestaron
cerca de la plaza Murillo, aludiendo al último escándalo que vincula a Morales
con la empresaria Gabriela Zapata Montaño, quien se habría beneficiado de su
relación privilegiada con el presidente. “Evo, Zapata, devuelvan la plata”,
coreaban los estudiantes que junto a organizaciones de jubilados colapsaron el
centro de la ciudad.
Según
la prensa opositora, las personas que participan en los actos oficialistas son
funcionarios que asisten de modo obligatorio. Apenas finalizó el discurso del
presidente, “funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales se
afanaban en estampar su nombre y firma en las listas de asistencia del cierre
de campaña del Sí que organizó el MAS en la ciudad de La Paz” (Página Siete, 18
de febrero de 2016).
Una de
las movilizaciones más concurridas fue la realizada en la noche del miércoles
17 en la céntrica plaza San Francisco por los partidarios del No, en la que
participaron organizaciones sociales importantes (como CONAMAQ) que antes
estaban a favor del gobierno y que le dieron la espalda en 2011 cuando la
marcha en defensa de un territorio indígena y parque natural que iba a ser
atravesada por una carretera, fue reprimida por las autoridades. “Fue la
manifestación más numerosa y ruidosa realizada por la oposición boliviana en
una década en La Paz” (Agencia Fides, 18 de febrero de 2016).
UN
GOLPE DEMOLEDOR. Una semana antes del referendo estallaron dos bombas que
afectan la credibilidad del gobierno. La de menor potencia se relaciona con el
vicepresidente, en cuya libreta militar figura como “licenciado en Matemáticas”
cuando nunca finalizó sus estudios. En sus numerosos libros también aparece
como titulado. En la solapa de “Sociología de los movimientos sociales en
Bolivia”, dice que es matemático y sociólogo, lo mismo que otras de sus
publicaciones.
El
sábado 13 se presentó ante los medios y declaró, con la soberbia que le ha
granjeado numerosas antipatías: “Álvaro García Linera estudió matemáticas en
México, no concluyó su licenciatura porque se vino a Bolivia a organizar una
guerrilla para luchar contra los neoliberales, lo dije hace dos años, hace
tiempo atrás”, dijo el vicepresidente.
La
agencia Fides informó que una biografía que estaba publicada en la página web
de la Vicepresidencia, había sido retirada. En ella se señalaba que García
Linera “obtuvo su pregrado y postgrado” en la UNAM de México. Ahora existe otro
texto, que señala solamente que “estudió matemáticas” (Pagina Siete, 15 de
febrero de 2015).
Pero el
petardo mayor estalló en las narices de Morales. El periodista Carlos Valverde
denunció que Morales realizó tráfico de influencias para beneficiar a la
empresaria Gabriela Zapata Montaño, quien representaba a una empresa china en
Bolivia. El presidente reconoció que mantuvo una relación con la joven
empresaria y que en 2007 tuvieron un hijo que falleció, aunque no dio detalles,
pero negó que su empresa se hubiera visto beneficiada por la relación
sentimental.
Según
la denuncia, Morales conoció a Zapata en 2005 cuando ésta tenía 19 años y el
presidente 45. Ella es una asidua en las páginas sociales de la ciudad de Santa
Cruz, trabaja para la empresa China CAMC Engineering, que mantiene millonarios
contratos con el Estado. La acusación sostiene que el gobierno la favoreció en
contratos que superan los 500 millones de dólares. Fue el primer golpe directo
al mentón de Evo, que puede haber afectado tanto su credibilidad como los
resultados del referendo del domingo
El
gobierno contraatacó con fuerza, señalando que el periodista fue jefe de la
inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, en pleno período neoliberal, y que
actualmente tiene relaciones estrechas con la embajada de los Estados Unidos.
Según el argumento oficialista, Washington está intentando frenar el avance
chino en la región sudamericana lo que explicaría el hecho de que los contratos
con la empresa que representa Zapata estén en el ojo del escándalo.
Ambas
cosas pueden ser ciertas. Que el periodista trabaje en función de los intereses
estadounidenses y que la empresa china se haya visto favorecida por la especial
relación entre el presidente y la empresaria.
EL
EXTRACTIVISMO EN EL CENTRO. Lejos del ruido mediático, el debate más de fondo
coloca en el centro la cuestión de modelo productivo impulsado por el MAS,
centrado en la explotación y exportación de hidrocarburos, minería y
monocultivos de soja. En suma, el mismo modelo que caracterizó al país a lo
largo de toda su historia, desde la colonización española.
Los
cuestionamientos se deben al continuismo del modelo bajo los gobiernos del MAS,
que habían prometido ir más allá promoviendo un “salto industrial”, que no sólo
no se produjo sino que se asiste a la profundización del extractivismo. Ahora
el vicepresidente habla de un “extractivismo temporal”, que permitiría la
acumulación de recursos para invertir en la industrialización. Sin embargo,
fuera de una reactivación de la industria textil en manos de pequeños y
medianos productores, los cambios no llegan.
El
investigador Pablo Villegas del Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB), sostiene que la caída de los precios de las commodities en el mundo
está provocando una aguda crisis en el país. “Esta crisis tiene dos aspectos”,
dijo a BRECHA. “Por un lado tenemos un endeudamiento externo creciente y un
importante aumento de impuestos, y por otro una incapacidad institucional para
afrontar la crisis. De ese modo vamos a tener un gobierno con recursos en un
país sin recursos y con una población estrangulada por altos impuestos”.
Meses
atrás el Cedib, cuya sede está en Cochabamba, fue una de las ONGs amenazadas
por el gobierno de expulsión, por sus permanentes críticas al oficialismo. Los
gobiernos de Venezuela, Ecaudor y Bolivia se han caracterizado por su no
aceptación de críticas cuando provienen de las izquierdas. Villegas no es
optimista respecto al futuro inmediato, y sospecha que de agravarse la crisis
el gobierno puede optar por una salida represiva contra los movimientos
sociales y las inevitables movilizaciones callejeras que forman parte de la
cultura política del pueblo boliviano.
“Todo
su plan es mantenerse en el poder”, sostiene Villegas respecto al MAS y a Evo
Morales. “La alternativa es recuperar la democracia”, ya que considera que una
característica común de los progresismos es “la corrupción, como lo muestran
los gobiernos de Brasil, Chile y Bolivia”.
El
sociólogo Luis Tapia, por su parte, asegura que “el excedente de las
exportaciones de commodities no se ha utilizado en la transformación productiva
sino en lubricar redes clientelares para aumentar el control político de las
sociedades y facilitar el ascenso de una nueva burguesía”.
Tapia
fue miembro del grupo de intelectuales que se denominaron Comuna, y trabajó
años junto al actual vicepresidente García Linera, del que mantiene una
distancia tanto personal como intelectual. Reflexiona sobre lo que denomina
como “presidencialismo colonial”, que consiste en “procesos electorales
permanentes para legitimar decisiones tomadas fuera de los ámbitos
institucionales e incluso fuera del país, usando los procesos plebisicitarios
como fachada para evitar cambios de gobierno”.
Pero la
crítica más demoledora la realiza la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui,
un mito boliviano, tanto para los intelectuales como para los movimientos. Es
autora del más importante libro sobre la historia social boliviana, “Oprimidos
pero no vencidos”, que relata y analiza la historia del campesina aymara y
quechua desde 1900. Rivera es tanto intelectual como activista, y es la
pensadora boliviana más reconocida dentro y fuera del país.
En una
carta difundida el martes 16, en que defiende el voto contra la reelección,
acusa a García Linera de haber pergeñado una alianza con los terratenientes de
Santa Cruz a quienes habría ofrecido “cambiar cualquier ley o decreto para
favorecerlos”. Va más lejos al destacar que “reconozco en él a uno más de los
arribistas que han llenado nuestra trayecto de oprobios, indignidades y
derrotas”. Convoca las “energías de nuestra conciencia rebelde y la luz de las
enseñanzas indias y plebeyas de nuestra historia”, para evitar que gane la
reelección.
Llama
la atención la mutua desconfianza, y hasta el odio, que se prodigan mutuamente
los miembros del gobierno y quienes fueron parte del mismo proyecto hasta que
comenzaron a transitar caminos opuestos. En efecto, hasta 2005 unos y otros se
batieron juntos en las guerras del agua (2000) y del gas (2003 y 2005), en
decenas de marchas y acciones colectivas a lo largo y ancho del país. Para los
oficialistas, los críticos “hacen el juego al imperialismo”. Para los
opositores de izquierda, los nuevos gobernantes “han traicionado la agenda de
octubre”, una lista de demandas que se rubricó con sangre en las jornadas de
octubre de 20034, donde murieron 67 manifestantes y 500 fueron gravemente
heridos.
Un
diálogo imposible que muestra los límites de los procesos de cambio y de las
propias alternativas por izquierda.